La Fiscalía General de Colombia continúa recaudando información y pruebas sobre los hechos de violencia que se vivieron en el país desde el pasado 28 de abril, cuando inició el paro nacional en contra de la reforma tributaria que presentó el Gobierno, que, a solicitud del presidente Iván Duque, ya fue retirada del Congreso de la República.

Agentes del CTI acuden a clínicas y hospitales para recibir denuncias de las personas que hayan sido lesionadas en el marco de los disturbios y sobre presuntas violaciones a los Derechos Humanos.

De momento, la Fiscalía investiga la muerte de siete personas que habrían sido víctimas en hechos directamente relacionados con el paro. Cinco de estos casos, entre ellos el de un menor de edad, ocurrieron en Cali; el del capitán de la Policía Jesús Alberto Solano, en Soacha (Cundinamarca) y el del joven Santiago Andrés Murillo en Ibagué (Tolima).

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