La decisión del presidente estadounidense, Joe Biden, de obligar a las empresas de más de 100 empleados a exigir a sus trabajadores que se vacunen contra la COVID-19 o se hagan pruebas semanales ha dividido al sector privado sobre el efecto que puede tener en la recuperación económica y ha irritado a los conservadores en Estados Unidos.

La Casa Blanca estima que esta medida podría impactar a unas 80 millones de personas, o dos tercios del total de los trabajadores estadounidenses, convirtiéndose en la intervención pública en el sector empresarial de mayor magnitud desde el inicio de la pandemia.

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